OIM expone necesidades y acciones prioritarias para asegurar la protección de los datos de personas migrantes en México, Centroamérica y República Dominicana
Globalízate Radio.- San José – Fuente OIM.- Las personas migrantes brindan información personal a diversas instituciones, empresas u organizaciones internacionales como su nombre, estado civil, nacionalidad u otros datos sensibles en los diversos países por los que transitan o residen. El manejo, almacenamiento y uso de estos datos comprende una dimensión muy importante de la protección de las personas migrantes y a su vez, la gobernanza de las migraciones y el cumplimiento del Pacto Global por una Migración Ordenada, Segura y Regular.
Si bien existen marcos normativos locales para la protección de datos personales y en algunos países se han creado instituciones con este fin, la región aún debe avanzar en formas de garantizar un adecuado manejo de la información de personas migrantes, que se ajuste a estándares internacionales. Este fue uno de los principales hallazgos del “Diagnóstico de protección de datos de personas migrantes en Centroamérica, México y la República Dominicana”, presentado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
“Los procesos de recolección de datos frecuentemente implican capturar información personal y sensible de nuestras personas beneficiarias, quienes depositan su confianza en nosotros. La correcta gestión de estos datos debe ser una prioridad para mantener el respeto por los derechos de las personas migrantes en el centro de cualquier intervención”, comentó la directora regional de la OIM para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe, Michele Klein-Solomon.
Este estudio regional representa una herramienta pionera en la materia, en su desarrollo se contempló el análisis de información documental, así como grupos focales con personas migrantes y entrevistas a personas funcionarias de autoridades nacionales y locales que colectan datos personales en siete países de la región.
En el caso de las instituciones, el estudio evidenció la ausencia de reglamentos, protocolos, formularios y bases de datos para el tratamiento diferenciado y la protección de información personal de personas migrantes. En la mayoría de los casos tampoco se logró identificar un tratamiento distintivo de la información para la protección de grupos en condición de vulnerabilidad como niñez, mujeres o población LGBTIQ+.
De acuerdo con el estudio, las principales autoridades e instituciones que solicitaron información a personas migrantes fueron autoridades migratorias y de frontera, organizaciones no gubernamentales, empresas privadas, organismos internacionales, oficinas de refugio, ejército, e instituciones de salud, judiciales y educativas.
Por otra parte, la percepción de las personas migrantes respecto a los riesgos en la gestión de sus datos personales es muy diversa y responde a sus experiencias y contexto personal. Entre las preocupaciones manifestadas está la obtención de sus datos con fines de venta de productos, el uso de la información para estafas, extorsiones u otros delitos, el uso de sus datos en las fuerzas de seguridad para deportación, así como la falta de explicación sobre los motivos y fines por los que les solicitan su información personal.
Uno de los principales retos identificados es el ejercicio de la autodeterminación de las personas migrantes respecto a sus datos, especialmente cuando su permanencia en un país es por poco tiempo. De hecho, la gestión de los datos personales no debería ser una limitante para un acceso sencillo y ágil a derechos básicos como la salud o la protección de la niñez y adolescencia.
Algunas recomendaciones que se desprenden del diagnóstico son el impulso de esfuerzos regionales conjuntos para la protección de datos personales, particularmente sobre los datos biométricos, la incorporación de criterios diferenciados por género y por la condición de personas migrantes; así como el acompañamiento técnico a instituciones y capacitación a personas funcionarias para crear una cultura de protección de datos personales y garantizar el ejercicio de estos derechos.
El estudio, disponible en español y que puede ser consultado aquí, fue realizado con el apoyo de la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado de los EE.UU.
