La población venezolana en República Dominicana es joven, está preparada y dispuesta a integrarse plenamente a la sociedad 

Globalízate Radio.- Juan Carlos González.-Comunicaciones ACNUR.- Santo Domingo, 31 de mayo del 2023. La mayoría de las personas refugiadas y migrantes venezolanas que vive en República Dominicana lo hace en los principales centros urbanos. La mayor parte son jóvenes solteros entre 20 y 35 años con un alto nivel educativo y de participación laboral.  

Así lo evidencia un reciente estudio realizado por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) junto a socios, y que es la primera parte de un proyecto para analizar el impacto del Plan de Normalización de Venezolanos (PNV) implementado por el Estado dominicano como una herramienta en la integración de la población refugiada y migrante venezolana en la República Dominicana.  

Unos 43 mil Venezolanos se acogieron al PNV, hoy día transitan entre las tres fases, una gran mayoría se encuentra renovando el carnet de TT y/o Estudiante en la DGM.

En este primer estudio, que será ampliado próximamente para medir las diferencias en las vidas de las personas venezolanas beneficiarias del PNV, se caracteriza a la población venezolana elegible para dicho Plan, que en el año 2020 brindó una oportunidad para que este grupo normalizara su situación migratoria.

El Plan permite que quienes ingresaron al país de manera legal entre enero de 2014 y marzo de 2020 obtengan un carné de identificación y además permite acceder a visas temporales de trabajo o estudio.    

La República Dominicana es el principal destino de las personas refugiadas y migrantes venezolanas en el Caribe. Según cifras oficiales, actualmente el país alberga más de 121 mil venezolanos. Inicialmente, la mayoría de las personas venezolanas en el país no contaba con un estatus migratorio regular. 

¿Cómo son los refugiados y migrantes venezolanos viviendo en República Dominicana? 

Al igual que en otros países de América Latina y el Caribe, la mayoría de las personas refugiadas y migrantes venezolanas vive en zonas urbanas. De cada 10 venezolanos en el país, aproximadamente cuatro vive en el Distrito Nacional, tres en Santo Domingo, uno en Santiago, la mayoría son jóvenes solteros entre 20 y 35 años con un alto nivel educativo y de participación laboral.  

A pesar de los avances alcanzados, la población venezolana radicada en el país aún enfrenta retos para lograr su completa integración en el mundo laboral y de protección social dominicano. 

La mayoría de los refugiados y migrantes venezolanos no tienen contratos formales, disminuyendo su salario y su acceso a servicios públicos. Su salario mensual sin contratos está apenas por encima del salario mínimo, y la mayoría no tiene acceso a prestaciones de salud y ninguno contribuye a un fondo de pensiones.  

En la misma línea, aunque las personas venezolanas reportan que tienen acceso a servicios básicos de salud, la utilización es baja. Por ejemplo, cerca del 33% de los niños no tienen su esquema de vacunación completo y alrededor 67% de mujeres embarazadas no han asistido a controles prenatales periódicos.  

“El Plan de Normalización de Venezolanos representa un hito importante para los refugiados y migrantes venezolanos y para la economía de la República Dominicana. Al otorgar permisos de trabajo a un grupo poblacional cuyos niveles de calificación pueden contribuir a la economía del país, el Plan tiene el potencial de promover una mayor integración al mercado laboral dominicano, aumentando la productividad y crecimiento económico”, aseguró Gabriel Godoy, jefe de misión del ACNUR en el país. 

Retos aún presentes 

En el estudio, enfocado en refugiados y migrantes provenientes de Venezuela que hayan ingresado a República Dominicana después del 2014, se encontró que la mayoría de ellos, cerca de 90%, entraron entre 2016 y 2019. 

Se identificaron algunos retos en el estudio que pueden excluir a las personas refugiadas y migrantes venezolanas más vulnerables y limitar el impacto del PNV. Primero, el coste financiero, que es considerable, debido a las tres tasas administrativas en todo el proceso de solicitud, sumado a los costes de los dos viajes necesarios para visitar las oficinas en Santo Domingo. Segundo, el formato de la inscripción es individual en vez de familiar, lo que eleva el coste total de una familia, dificultando así la inclusión de todos los miembros.  

Por eso, se recomienda al Estado dominicano adoptar algunas modificaciones administrativas al proceso que reduzcan los obstáculos de normalizar el estatus migratorio, lo que puede traer beneficios importantes a los individuos que todavía no tienen un estatus regular. Una mayor integración socioeconómica traerá beneficios adicionales a la República Dominicana, y reducirá el número de personas en situación de vulnerabilidad.  

El estudio completo puede consultarse en: https://publications.iadb.org/en/profiling-venezuelan-refugees-and-migrants-dominican-republic