Globalízate Radio.- La Organizacion no Gubernamental Internacional CARE, envió un comunicado al presidente ecuatoriano Lenin Moreno sobre el tema del visado que este país apeturó para todos los migrantes venezolanos que se encuentra sin documentación regular, plazo que vence este jueves 13 de Agosto y que según las autoridades de ese país no tendrá prórroga.
A continuación el comunicado completo con todas las organizaciones firmantes.
COMUNICADO PÚBLICO Al Lic. Lenin Moreno, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Dr. Luis Gallegos CANCILLER y Dra. María Paula Romo, MINISTRA DE GOBIERNO
Ecuador Quito, 12 de agosto de 2020. Las organizaciones y personas abajo firmantes, preocupadas por la situación de la población en situación de movilidad humana en Ecuador, sostenemos lo ya señalado en comunicados y posicionamientos previos, relacionados a la necesidad de que el Estado ecuatoriano, conforme los instrumentos de derechos humanos nacionales e internacionales, brinde una respuesta clara, oportuna e incluyente, a las y los migrantes, a través de la implementación de una Amnistía Migratoria Ampliada, a quienes hasta este momento sostienen su voluntad de permanencia en el país.
El Estado tiene la potestad de proceder a una amnistía migratoria humanitaria ampliada, dado que el proceso actual que termina este 13 de agosto ha demostrado que logra cubrir a toda la población que actualmente tiene toda la voluntad de obtener un estatus migratorio regularizado, y sin embargo no pueden hacerlo bajo las reglamentaciones actuales.
Es preciso subrayar la múltiple condición de vulnerabilidad de las personas forzadas a migrar hacia el Ecuador, y que se encuentran en condición migratoria irregular, debido a complejas circunstancias.
Entre estas, señalamos: la imposibilidad de las personas venezolanas para cumplir con los requerimientos de visado humanitario -situación que ha sido claramente evidenciada desde agosto 2019-, la vinculación de personas en situación migratoria irregular a un mercado de trabajo que se vio seriamente impactado por las restricciones relacionadas a la crisis sanitaria de COVID-19, la ausencia estructural de políticas de atención dirigidas a personas migrantes forzadas y en necesidad de protección internacional; la ausencia de mecanismos para garantizar sus derechos al bienestar, seguridad alimentaria, salud, protección y condiciones de vida dignas; y, la ausencia de políticas públicas destinadas a garantizar los derecho de niñas, niños y adolescentes de nacionalidad venezolana, bajo el principio del Interés Superior del Niño.
Organizaciones nacionales e internacionales, basadas en evidencia, hemos señalado que la residencia regular constituye uno de los pilares necesarios para reducir y revertir la vulnerabilidad. Sabemos que la regularización es apenas el primer paso para una adecuada inclusión social.
En esa perspectiva, demandamos a las autoridades nacionales, a generar una respuesta adecuada, incluyente e integral, conforme los parámetros de derechos humanos, establecidos tanto en instrumentos internacionales como en la Constitución de la República del Ecuador; y en los compromisos asumidos en el Proceso de Quito, para evitar que miles de personas caigan en condición de mayor vulnerabilidad, enfrentando multas que no podrán pagar y aplicar a un sistema de registro que ha tenido una serie de inconsistencias y limitada efectividad.
Se requiere de disposiciones que contribuyan a la integración plena y reduzcan la explotación, la xenofobia, aporofobia y LGBTI+fobia contra las personas inmigrantes y refugiadas en el Ecuador y el progresivo fin de la condición de 2 extranjero según mandato constitucional.
Es hora de modificar drásticamente la posición de algunas autoridades nacionales que han optado por callar, no ver y peor manifestarse en favor de las personas más vulnerables en la región, cubriendo ineficiencia, corrupción y negligencia.
Exhortamos a la Defensoría del Pueblo, como la Institución Nacional de Protección y Promoción de los Derechos Humanos y la Naturaleza, a impulsar acciones de protección y a implementar las acciones que la Constitución le otorga para proteger y tutelar los derechos de las personas de nacionalidad venezolana que se encuentran en el Ecuador.
Link del Comunicado