GlobalizateRadio.- En Colombia hay 1,7 millones de migrantes venezolanos, según Migración, y, aunque los esfuerzos gubernamentales se han enfocado en atender al fenómeno desde la solidaridad, es hora de pasar a la construcción de políticas públicas de largo plazo y de formalización, pues hoy hay alrededor de 1 millón de criollos que no cuentan con el Permiso Especial de Permanencia (PEP).
Así se ha entendido y por eso los esfuerzos de este año se enfocarán en la elaboración de políticas de este tipo, que además de atender “lo urgente”, garanticen a largo plazo el acceso a la salud, la educación y el trabajo, pues este fenómeno no será de corto ni mediano plazo.
Felipe Muñoz, quien ahora ejerce como asesor de asuntos migratorios de la Presidencia colombiana, señala que este año empezó un recorrido en el país para sentarse en las mesas migratorias con los alcaldes y gobernadores, y así priorizar las necesidades.
Entre estas, el Gobierno de Iván Duque ha descubierto que las administraciones locales están priorizando la seguridad ciudadana, la salud y la educación. Ante esto, Muñoz, en diálogo con el medio El Colombiano, señaló:
Se deben generar mecanismos para superar esa necesidad”, en especial en Guainía y Vichada, zonas del país que según Muñoz, requieren mayor atención desde el Gobierno.
Aunque esta dependencia no cuenta con una destinación específica de recursos para ejecutar, es la encargada de gestionar ante las entidades de cooperación internacional, y de impulsar a ministerios y dependencias del nivel central para que destinen recursos para atender las necesidades de esta población migrante.
Una de las tareas que usted ha planteado es que la migración ingrese como un capítulo en los Planes locales de Desarrollo, ¡cómo va esa labor con las regiones?
—Es algo que debemos lograr, porque nadie lo tenía incluido, ni siquiera los municipios de frontera, que de una u otra manera han tenido el fenómeno. Este es uno de los objetivos del recorrido que estamos haciendo, dejándoles claro que es necesario atender la migración dándoles a entender que esta es una labor de equipo en la que debemos actuar.
En educación el aumento de 48 mil cupos supone un reto en ese sentido, ¿está el sistema preparado?
—Pasamos de una matrícula de 217 mil estudiantes en 2019 a 265 mil en lo que va del año. Ya no solo se necesitan cupos, sino continuidad y calidad en la educación que se ofrece.
¿En este momento hay regiones que le preocupen más en lo educativo?
—En las grandes ciudades el sistema está preparado, pero sí hay zonas que me preocupan. Por ejemplo, Pamplona (N. de Santander), Guajira, Soledad (Atlántico) y Soacha (Cundinamarca) que, sin generar pánico, es complejo que el sistema funcione, porque aunque quieran, no pueden.
Debemos entrar a analizar qué hacer y acomodarlos. Otro asunto es que el nivel educativo con el que llegan es menor al que se tiene en Colombia, así que hay que nivelarlos.
Usted mencionó que otro asunto que le causa preocupación es la atención de la primera infancia, de los niños de 0 a 5 años que están llegando con sus padres, ¿qué se va a hacer?
—Es uno de los retos que sigue quedando, pero que vamos enfrentando, y es especial porque es la población más vulnerable. Estamos trabajando con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) para revisar cómo ampliamos esa atención.
También planteó la inclusión económica como una prioridad, ¿cómo va eso?
—Más allá de la política que sacamos, estamos haciendo una estrategia con el sector privado, para que funcione mejor la formalización. La idea es que en marzo, aprovechando los incentivos tributarios para las zonas de frontera, se ponga en marcha la estrategia, pues hay que recordar que estos beneficios permitirán incrementar la contratación laboral y las empresas que lo hagan se benefician con cinco años con cero pago de renta y otros cinco años pagando el 50 %.
¿Y la financiación, que es otro de los asuntos que preocupan, cómo va?
—Estamos trabajando con ACNUR, OIM, Unión Europea, Banco Mundial y BID para realizar la conferencia de donantes, que esperamos sea este semestre. Hay acuerdos preliminares de hacerla. Colombia, Perú y Ecuador están liderando la petición –en eso estuve dos semanas–, porque debemos convencer al mundo de que aporten para financiar los compromisos que tenemos con la migración. Hoy, en atenciones de salud en el país, debemos alrededor de 90 millones de dólares.
Una de las dificultades que se ha identificado son las visas implementadas en Ecuador, que provoca que no puedan pasar de Ipiales y se regresen o pasen por zonas de orden público complejas, ¿qué se ha hecho?
—Es un asunto que ha adelantado el Ministerio de Relaciones Exteriores, aunque sé que se ha hecho la tarea de hablar con Ecuador, no ha habido avances en ese sentido.
Texto: El Colombiano.