Santo Domingo, República Dominicana. — La comunidad venezolana residente en República Dominicana mantiene la expectativa ante la posibilidad de que Venezuela concrete el nombramiento de su representante consular en el país, como parte del proceso de normalización de las relaciones entre ambas naciones anunciado recientemente por los gobiernos dominicano y venezolano.
El gobierno dominicano honrando parte de su compromiso designó a Héctor Pastor Vásquez Frías como cónsul general en Caracas, mediante el Decreto 351-26, de fecha 01 de junio de 2026 y fue dado a conocer públicamente el 8 de junio, en una señal de fortalecimiento de la representación consular dominicana en Venezuela.
Posteriormente, el Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana informó el 2 de agosto de 2026, mediante un comunicado conjunto con Venezuela, que ambos gobiernos acordaron iniciar un proceso de normalización gradual de sus relaciones diplomáticas y consulares, sustentado en una hoja de ruta acordada entre las partes.
De acuerdo con el comunicado, la primera etapa de esa hoja de ruta contempla la adopción de las medidas necesarias para el restablecimiento de los servicios consulares, antes de avanzar hacia la normalización de las relaciones diplomáticas.
Para los venezolanos residentes en República Dominicana, el siguiente paso esperado es que este proceso se traduzca en el nombramiento de una representación consular venezolana que permita recuperar la atención directa a sus ciudadanos.
Consecuencias de la suspensión consular
La interrupción de los servicios consulares venezolanos va mucho más allá de la imposibilidad de realizar un trámite en una oficina. Para la población venezolana residente en República Dominicana, la suspensión significa mayores dificultades para acceder a documentos indispensables para su vida familiar, laboral, migratoria y educativa.
La falta de una representación consular operativa mantiene a los ciudadanos en expectativa de como lograr la documentación que requieren para resolver procedimientos que normalmente corresponden a los consulados, particularmente en materia de pasaportes, documentos de identidad, apostillas, registros civiles, poderes, autorizaciones, certificaciones y salvoconductos.
Una espera que se mantiene desde julio de 2024
La atención consular venezolana en República Dominicana quedó suspendida desde julio de 2024, en el contexto de la ruptura de relaciones diplomáticas por parte de Venezuela.
Desde entonces, miles de venezolanos residentes en territorio dominicano tienen dificultades para realizar procedimientos que requieren la intervención de las autoridades venezolanas.
La ausencia de una representación consular operativa no significa únicamente la falta de una oficina física. Para la comunidad migrante representa una limitación para acceder a documentos y servicios fundamentales para su vida cotidiana y para la regularización de diferentes procesos en el país de acogida.
Entre los trámites que requieren atención consular se encuentran la renovación y solicitud de pasaportes, registro consular, expedición de documentos de identidad, poderes y autorizaciones, permisos de viaje para niños, niñas y adolescentes, fe de vida, constancias y certificaciones, apostillas y diferentes actos de registro civil.
También existe una necesidad particular entre las familias venezolanas cuyos hijos e hijas nacieron en República Dominicana y que requieren realizar procedimientos relacionados con su nacionalidad, registro de nacimiento, documentación e identidad.
La apertura consular significa mucho más que abrir una oficina
Para la diáspora venezolana, la reapertura de los servicios consulares representa la posibilidad de recuperar un vínculo institucional con su país de origen.
Un consulado operativo puede convertirse en una herramienta fundamental para quienes necesitan presentar documentos ante las autoridades migratorias dominicanas, acreditar identidad, formalizar situaciones familiares o completar procedimientos relacionados con sus hijos nacidos en el territorio de acogida.
En muchos casos, la imposibilidad de obtener o renovar un documento venezolano puede tener consecuencias directas sobre otros procesos administrativos y migratorios.
Por ello, organizaciones de la sociedad civil consideran que el restablecimiento de los servicios consulares debe tener como prioridad la atención efectiva de los ciudadanos y no limitarse al anuncio de la reapertura de una sede.
Organizaciones venezolanas esperan que se concrete el nombramiento
Desde las organizaciones de la sociedad civil venezolana en República Dominicana también se mantiene la expectativa sobre las conversaciones que puedan estar desarrollándose entre las autoridades de ambos países para concretar la reapertura de los servicios.
José Gómez, presidente de la Fundación Venezolanos en San Cristóbal, hizo un llamado a las autoridades venezolanas para que se concrete el nombramiento de la representación consular.
“Estamos necesitando que por parte de las autoridades venezolanas se concrete el nombramiento. Los venezolanos en República Dominicana necesitamos la atención consular. Desde nuestra organización hacemos este llamado que hacen nuestros paisanos ante la necesidad de poder lograr documentos necesarios para gestiones migratorias u otro tipo de solicitudes”.
Gómez consideró que la recuperación de los servicios consulares respondería a una necesidad concreta de miles de venezolanos que requieren documentación y asistencia para continuar sus procesos de vida en República Dominicana.
Otro sector que experimenta dificultades particulares es el de los jóvenes venezolanos que desean continuar sus estudios en República Dominicana, que lograron graduarse en RD de bachilleres y que tienen el pasaporte vencido, la imposibilidad de renovar o solicitar el documento es una barrera adicional, porque se necesita entre otros requisitos el pasaporte vigente para ingresar a universidades, institutos técnicos u otros centros de formación superior.
La situación también afecta a bachilleres venezolanos que necesitan legalizar o apostillar documentos académicos, acreditar su identidad o completar procesos administrativos para continuar su formación profesional.
Ana María Rodríguez, presidenta de la Fundación Caminando Contigo, organización que trabaja con población juvenil venezolana, explicó que esta situación genera preocupación entre jóvenes que buscan continuar sus estudios y que se encuentran con obstáculos relacionados con su documentación.
“Nuestros jóvenes venezolanos quieren seguir estudiando, quieren entrar a las universidades y a las instituciones técnicas, pero se están encontrando con una dificultad que no debería convertirse en una barrera para su futuro, tener un pasaporte vencido o no contar con la documentación venezolana necesaria. Hay jóvenes que necesitan legalizar sus documentos de bachillerato, presentar sus certificaciones y completar trámites para ingresar a una institución de educación superior, pero al no contar con una atención consular efectiva estos procesos se complican. Estamos hablando de jóvenes que quieren estudiar, prepararse y construir su futuro, y que no deberían ver limitado ese derecho por no poder acceder a un documento que depende de la atención consular de su país.”
La situación de los jóvenes evidencia además una dimensión a largo plazo, cuando un bachiller migrante no puede completar oportunamente los trámites requeridos para ingresar a una universidad o institución técnica, las consecuencias no se limitan a un procedimiento administrativo, puede significar postergar estudios, perder períodos de inscripción o retrasar proyectos profesionales.
Para las organizaciones de la sociedad civil, este tipo de situaciones demuestra que la reapertura de los consulados no puede entenderse únicamente como la recuperación de relaciones diplomáticas entre dos gobiernos. Tiene una dimensión directamente relacionada con los derechos de las personas migrantes, particularmente de quienes necesitan documentación para integrarse plenamente a la sociedad de acogida.
Las organizaciones venezolanas en República Dominicana consideran que el restablecimiento de la representación consular venezolana debe priorizar los servicios que tienen un impacto directo en la vida de la diáspora y establecer mecanismos ágiles para atender los casos que se han acumulado durante el período de suspensión.
Una necesidad compartida por venezolanos y dominicanos
La reactivación consular también tiene una dimensión bilateral, también la comunidad dominicana residente en Venezuela necesita igualmente contar con una representación que pueda brindar protección y asistencia a sus ciudadanos.
El propio Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano informó en enero de 2026 que, desde el 30 de julio de 2024, España había asumido la representación de los intereses de República Dominicana en Venezuela, ante la situación existente entre ambos gobiernos.
La Cancillería dominicana también mantiene acciones de protección a sus ciudadanos en Venezuela. En junio de 2026, por ejemplo, el MIREX envió una misión especial encabezada por el director de Protección a Nacionales en el Exterior, Miguel Reyes Taveras, para asistir a dominicanos afectados por los terremotos registrados en ese país.
Estos antecedentes reflejan la importancia que tiene para ambos países disponer de mecanismos consulares permanentes que permitan responder ante situaciones de emergencia y atender los trámites ordinarios de sus nacionales.
La expectativa ahora está puesta en Venezuela
Con el nombramiento del nuevo cónsul dominicano en Caracas y el anuncio oficial de una hoja de ruta para restablecer los servicios consulares, la comunidad venezolana en República Dominicana espera que Venezuela avance en la designación de su representante y en la puesta en funcionamiento de una estructura consular capaz de atender a la población.
Las organizaciones de la sociedad civil venezolanas en República Dominicana consideran que la normalización debe tener como centro a las personas y sus necesidades.
Para la diáspora, el restablecimiento de la atención consular representa recuperar la posibilidad de tramitar documentos, proteger derechos, registrar a sus hijos, acreditar identidad y mantener vínculos jurídicos con Venezuela, sin tener que recurrir a mecanismos alternativos que pueden resultar costosos, complejos o insuficientes.
La expectativa, tanto entre venezolanos como dominicanos con vínculos familiares, migratorios y ciudadanos con ambos países, es que los anuncios realizados por ambos gobiernos puedan transformarse en acciones concretas y esta de lado venezolano el lograr que esos anuncios se concreten toda vez que República Dominicana ya realizó su acción, que por parte de Venezuela haya una respuesta para avanzar en la atención consular presencial y efectiva, con capacidad para responder a las necesidades de una población que lleva más de dos años enfrentando las consecuencias de la interrupción de estos servicios.
Redacción Hugo Sánchez/Periodista/ Dir. Ejecutivo Globalízate Radio.
CNP 11779.