CIDH solicita a los Gobiernos sudamericanos vacunar a los migrantes en condición irregular

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Globalízate Radio.- En el marco de las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se discutió la Situación de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas en el contexto de la pandemia del COVID-19 en América del Sur .

Entre las preocupaciones, se expuso que ningún país de la región, con excepción de Perú, ha tomado en cuenta a los migrantes irregulares para acceder a la vacuna contra la Covid-19; decisión que vulnera su derecho a la salud.

Jan Jarab, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América del Sur

A propósito, Jan Jarab, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América del Sur, indicó que ha observado que numerosas personas migrantes, luego de perder sus fuentes de ingreso debido a la pandemia, no pudieron acceder a los programas sociales. «Muchos se vieron obligados a regresar a su país», agregó.

«Hay que destacar que las personas migrantes y refugiadas sin importar su estatus deben tener acceso a las vacunas. Deben tener acceso a la información y no ser propensos a ser deportados», dijo.

Nos preocupan las militarizaciones de fronteras y las expulsiones. Las autoridades siempre aseguran que desean una migración regular y ordenada, pero cada vez es más difícil para los migrantes acceder a estos mecanismos regulares» —Jan Jarab

Gabriela Liguori, Directora Ejecutiva de la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (Caref)

Por otra parte, Gabriela Liguori, Directora Ejecutiva de la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (Caref), solicitó a la Comisión que realice las siguientes acciones:

1. Visita in loco a las fronteras mencionadas en esta audiencia.

2. Elaborar un informe sobre la situación de los derechos humanos de las personas en movilidad.

3. Actualizar sus guías y estándares sobre población migrante.

4. Promover la creación de un documento conjunto con los Estados de la región sobre condiciones mínimas para los migrantes y refugiados.