Hugo Sánchez/Periodista
Dir. Ejecutivo Globalízate Radio
CNP 11779
Hay momentos en los que la historia parece avanzar en círculos. La migración vuelve a ser utilizada como herramienta política, el discurso electoral utiliza a la migración como propuesta de campaña y las personas migrantes terminan pagando el precio de decisiones tomadas desde el poder.
Lo que está ocurriendo con la población venezolana en distintos países de América Latina y Estados Unidos debería encender todas las alarmas.
Desde el endurecimiento de la política migratoria impulsado por la administración estadounidense, hemos visto cómo en distintos países se fortalece una narrativa que presenta al migrante irregular como una amenaza, un delincuente o un problema nacional. Chile, Perú, Ecuador, Colombia, República Dominicana, entre otros, adoptaron o anunciado medidas más restrictivas, mientras crece un discurso político que mezcla migración, seguridad, delincuencia y nacionalismo.
El problema no es que un Estado quiera ordenar sus fronteras. Todo Estado tiene derecho a administrar su política migratoria.
El problema aparece cuando la política migratoria deja de ser una herramienta de orden y se convierte en una herramienta de estigmatización.
Una persona en situación irregular no es, por ese solo hecho, una delincuente.
Una persona puede encontrarse irregular porque su permiso venció, porque no consiguió una cita, porque el Estado no abrió un proceso de regularización, porque cambió un requisito, porque perdió un empleo formal, porque su empleador nunca quiso formalizarla o porque los mecanismos institucionales no respondieron a la realidad migratoria.
La irregularidad migratoria es una condición administrativa; no una identidad criminal, esta diferencia parece estar desapareciendo peligrosamente del discurso público.
¿Por qué no se abren los procesos de regularización?
Esta debería ser una de las preguntas centrales.
Nadie quiere vivir irregular en otro país.
Nadie abandona su familia, su casa, su profesión y sus raíces para convertirse voluntariamente en una persona sin derechos.
La inmensa mayoría de los venezolanos que migraron lo hicieron buscando seguridad, estabilidad, trabajo, educación, reunificación familiar y una oportunidad para reconstruir sus vidas.
Durante años, mas de 8 millones de venezolanos han trabajado, creado empresas, pagado impuestos, alquilado viviendas, enviado a sus hijos a escuelas, consumido bienes y servicios y generado empleos en los países que los recibieron.
Entonces resulta contradictorio que, después de años de integración, algunos gobiernos pretendan reducir toda esa realidad a una palabra: “ilegales”. Una palabra, además, jurídicamente imprecisa y políticamente peligrosa.
Las personas no son ilegales, pueden estar en una situación migratoria irregular y esa situación puede y debe ser atendida mediante procedimientos administrativos, debido proceso, regularización, protección y cuando corresponda legalmente retorno.
El retorno no puede convertirse en sinónimo de expulsión colectiva ni de presión para abandonar un país, porque el Estado decidió cerrar las puertas de la regularización.
La población venezolana no es una amenaza es parte del crecimiento
Durante años, gobiernos, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y comunidades de acogida hablaron de integración. Se reconoció la contribución económica de la migración venezolana, están documentados emprendimientos, generación de empleos, consumo, pago de impuestos, inversiones y aportes al crecimiento económico de los países de acogida.
Entonces cabe preguntar:
¿Qué cambió?
¿Cambió la realidad de millones de venezolanos o cambió el cálculo político alrededor de la migración?
Porque cuando una población migrante es útil para el crecimiento económico, para llenar puestos de trabajo, crear empresas y dinamizar mercados, pero posteriormente se convierte en un problema, estamos frente a una contradicción que merece ser dicha.
No se puede hablar de integración durante años y después criminalizar la presencia de quienes se integraron.
Una nueva época de miedo
Lo más preocupante no son únicamente las leyes, es el discurso que las acompaña.
Cuando desde posiciones de poder se repite que hay que “sacar a los ilegales”, “recuperar el país” o “devolver a los extranjeros”, sin explicar las diferencias entre delincuencia, migración irregular, refugio, protección internacional, regularización y migración laboral, se construye una narrativa peligrosa.
Una narrativa que termina haciendo responsable a toda una nacionalidad por los delitos cometidos por individuos, eso es estigmatización, es xenofobia cuando se transforma en rechazo colectivo hacia una población por su nacionalidad y cuando ese discurso proviene del propio poder político, el problema adquiere otra dimensión.
El Estado no solamente administra leyes, también administra discursos y cuando el discurso oficial señala a una población vulnerable como responsable de los problemas de seguridad, empleo o economía, millones de personas quedan expuestas a la discriminación social.
¿Qué ocurre con quienes sí están cumpliendo?
Aquí existe otra realidad que no puede ser ignorada.
Hay venezolanos que llevan años esperando una cita.
Personas que iniciaron procesos de regularización.
Familias que entregaron documentos.
Trabajadores que cumplen con los requisitos establecidos.
Personas que pagan impuestos.
Emprendedores que sostienen negocios.
Adultos mayores.
Mujeres.
Personas vulnerables.
Trabajadores independientes.
Personas que simplemente esperan una respuesta administrativa.
¿Qué ocurre con ellos cuando las reglas cambian de repente?
¿Son delincuentes?
¿Se convierten automáticamente en una amenaza?
¿Merecen ser expulsados sin que se examine individualmente su situación?
Un Estado puede cambiar sus políticas migratorias, pero no puede olvidar que detrás de cada expediente existe una persona, una familia y una historia.
El caso venezolano tiene una particularidad que no puede ignorarse
Hablar de retorno venezolano como si Venezuela fuera hoy un país en condiciones normales de recepción es una simplificación peligrosa.
La crisis venezolana no desapareció porque algunos países hayan decidido endurecer sus políticas migratorias.
Persisten las condiciones que fueron precisamente las que impulsaron a mas de 8 millones de personas a abandonar el país.
Por eso el retorno debe ser verdaderamente voluntario, informado, seguro y digno, no puede convertirse en una consecuencia indirecta de cerrar sistemáticamente las puertas de la regularización.
Si una persona solamente tiene dos opciones, quedarse irregular o regresar a un país donde considera que su vida, seguridad, libertad o estabilidad están comprometidas; debemos preguntarnos seriamente hasta qué punto ese retorno puede calificarse de verdaderamente voluntario.
Los migrantes no pueden ser mercancía política
Durante años se movilizaron recursos internacionales para atender la crisis venezolana.
OIM, ACNUR, la Plataforma R4V y numerosas organizaciones desarrollaron programas de protección, asistencia e integración.
Hubo gobiernos que recibieron cooperación internacional y comunidades que recibieron apoyo para atender los efectos de una de las mayores crisis migratorias del mundo.
Pero ahora que la agenda internacional parece haber cambiado, existe una pregunta incómoda:
¿Qué pasa con los venezolanos cuando dejan de ser una prioridad financiera y humanitaria?
La protección de los derechos humanos no puede depender de que existan fondos internacionales. Una persona no deja de tener derechos porque disminuyan los recursos de cooperación y mucho menos puede una población convertirse en “problema” simplemente porque cambió el interés político o financiero alrededor de ella.
Venezuela no puede convertirse en el terreno de juego de otros intereses
Mientras millones de venezolanos intentan sobrevivir fuera de su país, y dentro de El, Venezuela continúa atrapada en una crisis política, económica e institucional que provocó una de las mayores movilizaciones humanas del continente, mientras tanto, las grandes potencias calculan sus propios intereses.
Energía, petróleo, Geopolítica, Influencia, Poder, mientras los gobiernos negocian, la gente migra, mientras los gobiernos calculan, siguen familias separadas, mientras los gobiernos hablan de seguridad nacional, millones de venezolanos intentan simplemente vivir.
Por eso tampoco podemos aceptar que la población venezolana sea utilizada como ficha de negociación entre intereses políticos nacionales e internacionales.
Los venezolanos no somos una mercancía, no somos estadística, como tampoco somos amenaza, tampoco un problema electoral, somos personas que necesitamos tener seguridad para nuestras familias, el poder tener organización tanto en los países donde nos encontramos como en el propio territorio donde nacimos, somos sociedad, una sociedad civil que desde hace años grita por una Venezuela prospera, segura, digna, en Paz, donde podamos converger todos para poder surgir y levantarnos y eso es lo que muchas organizaciones de la sociedad civil trabaja desde dentro y fuera de Venezuela.
No pretendemos ni estamos defendiendo la irregularidad no, como tampoco queremos pedir privilegios, lo que estamos solicitando es que los procesos existan, que las decisiones sean individuales, que se respete el debido proceso y que los derechos humanos no dependan del clima político del momento.
Se hace necesario volver abrir espacios de regularización, crear mecanismos accesibles para quienes llevan años integrados, que los estados y gobiernos puedan escuchar a las organizaciones venezolanas que conocen la realidad de sus comunidades.
Debemos alzar la voz de forma respetuosa para que se abandone de forma definitiva el lenguaje que convierte a una nacionalidad completa en sospechosa.
Estamos frente a una época oscura
La migración venezolana atraviesa uno de sus momentos más preocupantes, no porque los venezolanos hayan dejado de contribuir o porque hayan dejado de trabajar o hayan dejado de querer integrarse, sino porque en distintos lugares comienza a imponerse una política donde el migrante se convierte en el rostro visible de problemas que son mucho más complejos.
La seguridad no se resuelve con xenofobia, la irregularidad no se resuelve con estigmatización
O una sociedad donde cada ser humano sea juzgado por sus actos, con garantías, derechos y responsabilidades, no pedimos impunidad, o privilegios, pedimos que se nos trate con dignidad, no todos somos delincuentes, los venezolanos pedimos que nadie olvide por qué mas de 8 millones tuvimos que abandonar el país, las condiciones que provocaron el éxodo masivo aun se mantienen y podemos decir que han empeorado porque aun no hay garantias para quienes estamso fueda de Venezuela podamos volver, necesitamos a un país definitivamente libre de quienes provocaron todo lo que ya conocemos.
Las condiciones actuales en Venezuela no permiten el regreso, estamos aún bajo la bota militar, bajo un régimen que solo negocia por sus intereses para que no sean juzgados como es el deber ser, tenemos un país aún destruido, familias enteras que perdieron todo, necesitamos de una vez por todas la liberación del país y eso pasa por un proceso electoral limpio, transparente, donde todos podamos participar de forma clara para que los resultados que se den puedan dar la confianza que tanto se necesita, tanto internamente como internacionalmente.
Lamentablemente se nos arrebató un mandato donde el pueblo voto masivamente hace más de dos años. La impunidad quedó y volvió a mostrar su rosto oscuro delincuencial, donde la corrupción , el poder de facto y la ilegitimidad aún se mantiene.