Hugo Sánchez/Periodista/Director Ejecutivo Globalízate Radio.
Hay momentos en los que la historia parece avanzar en círculos. La migración vuelve a ser utilizada como herramienta política, el discurso electoral utiliza a los migrantes como propuesta de campaña y las personas terminan pagando el precio de decisiones tomadas desde el poder.
Lo que está ocurriendo con la población venezolana en distintos países de América Latina y Estados Unidos debería encender todas las alarmas, porque la migración venezolana esta en una nueva etapa y no estamos hablando solamente de personas que abandonan su país buscando mejores oportunidades, sino de millones que llevan más de una década fuera, que construyeron familias, negocios, profesiones y proyectos de vida en las sociedades que los recibieron y que ahora enfrentan una nueva realidad marcada por el endurecimiento de las políticas migratorias, el aumento de las deportaciones, las detenciones y una narrativa política que vuelve a presentar al migrante como una amenaza.
Según ACNUR y la plataforma R4V, cerca de 7,9 millones de venezolanos salieron del país y aproximadamente 6,7 millones permanecen en América Latina y el Caribe.
Detrás de esas cifras hay algo que a veces olvidamos: millones de historias personales, familias separadas, niños que crecieron lejos de Venezuela, profesionales que tuvieron que comenzar de cero, trabajadores que aprendieron nuevos oficios y adultos mayores que envejecieron esperando poder regresar algún día. No son simplemente números que aparecen en los informes de organismos internacionales; son personas que llevamos años intentando reconstruir vidas lejos del país donde nacimos.
Desde el endurecimiento de la política migratoria impulsado por la administración estadounidense, hemos visto cómo la detención y la deportación llegaron a una dimensión mucho mayor. ICE llegó a mantener bajo custodia a más de 60.000 personas en lo que va de este 2026, frente a unas 40.000 al comienzo de 2025, según datos citados por Naciones Unidas.
Los venezolanos se encuentran entre las nacionalidades más afectadas por esta política.
Entre febrero y diciembre de 2025, Estados Unidos realizó 76 vuelos de expulsión hacia Venezuela y retornó a 14.310 venezolanos. En los primeros meses de 2026 las operaciones continuaron y solamente en marzo fueron retornadas 1.726 personas en 11 vuelos. En marzo de 2025, además, 261 venezolanos fueron deportados en medio de una controversia judicial relacionada con la aplicación del Alien Enemies Act, y una parte de ellos fue enviada a El Salvador. No podemos mirar estas cifras como si fueran simples estadísticas administrativas, detrás de cada número hay una historia, una familia y una vida que cambia radicalmente cuando una persona es detenida y expulsada.
Mientras esto ocurre en Estados Unidos, América Latina tampoco permanece al margen de esta tendencia. Colombia, Perú, Ecuador y Chile endurecieron controles y procedimientos migratorios, ejecutando expulsiones de ciudadanos venezolanos. Colombia reportó durante 2025 cientos de expulsiones de extranjeros, entre ellas venezolanos; Chile incrementó sus expulsiones administrativas y reforzar los mecanismos de control; Perú y Ecuador también aplicaron medidas de expulsión y deportación. Los Estados tienen derecho a ordenar sus fronteras y hacer cumplir sus leyes, eso no está en discusión. El problema aparece cuando la política migratoria deja de ser una herramienta de orden y se convierte en una herramienta de estigmatización.
Una persona en situación irregular no es, por ese solo hecho, una delincuente. Una persona puede encontrarse irregular porque su permiso venció, porque no consiguió una cita, porque no pudo pagar una tasa, porque cambió un requisito, porque perdió un empleo formal, porque su empleador nunca quiso formalizarla o porque los mecanismos institucionales no respondieron a la realidad migratoria. La irregularidad migratoria es una condición administrativa, no una identidad criminal, y esa diferencia parece estar desapareciendo peligrosamente del discurso público.
Nadie quiere vivir irregularmente en otro país; nadie abandona su familia, su casa, su profesión y sus raíces para convertirse voluntariamente en una persona sin derechos. La inmensa mayoría de los venezolanos que migramos lo hicimos buscando seguridad, estabilidad, trabajo, educación, reunificación familiar y una oportunidad para reconstruir nuestras vidas.
Durante años, millones de venezolanos han trabajado, creado empresas, pagado impuestos, alquilado viviendas, enviado a sus hijos a escuelas, consumido bienes y servicios y generados empleos en los países que los recibieron.
Entonces resulta contradictorio que, después de años de integración, algunos gobiernos pretendan reducir toda esa realidad a una palabra: “ilegales”, por cierto, las personas no son ilegales, pueden encontrarse en una situación migratoria irregular y esa situación puede y debe ser atendida mediante procedimientos administrativos, debido proceso, regularización, protección y, cuando corresponda legalmente, retorno.
Pero el “RETORNO” no puede convertirse en sinónimo de expulsión colectiva ni en una consecuencia automática de cerrar las puertas de la regularización. Aquí es donde debemos comenzar a hablar con mucha mayor profundidad, porque la discusión sobre la migración venezolana entró en una etapa diferente.
Durante años hablamos de salida, de éxodo, de protección y de integración. Ahora comenzamos a hablar de retorno. Pero una cosa es decir “regresen” y otra completamente diferente es crear las condiciones para que una persona que lleva diez, doce o más años fuera de su país pueda mirar nuevamente hacia Venezuela y decir, quiero regresar porque puedo reconstruir mi vida allí.
La reciente visita a Venezuela del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Barham Salih, vuelve a colocar este asunto sobre la mesa. Su reunión con las autoridades venezolanas y las conversaciones relacionadas con el retorno y la reintegración sostenible de los venezolanos deberían abrir una discusión mucho más profunda, porque si realmente estamos entrando en una etapa en la que se comienza a hablar de retorno, tenemos que hablar también de las condiciones que hacen posible ese retorno. No basta con abrir las puertas de un país, hay que garantizar que quien entre pueda quedarse. No basta con recibir a una persona en un aeropuerto, entonces hay que preguntarse ¿qué encontrará cuando salga de allí, dónde va a trabajar, dónde estudiarán sus hijos, quién atenderá a sus adultos mayores, qué ocurrirá con quienes regresen sin vivienda, qué oportunidades tendrán quienes vendieron todo lo que tenían para poder sobrevivir fuera y, sobre todo, qué garantías jurídicas y de seguridad tendrán quienes decidan volver.
ACNUR insiste en que los retornos deben ser voluntarios, seguros y dignos, y que las personas deben contar con información suficiente para tomar una decisión. Eso significa que no podemos confundir un vuelo de deportación con un retorno voluntario no podemos confundir una expulsión con una decisión libre. No podemos llamar retorno a aquello que ocurre cuando una persona es detenida, pierde su estatus migratorio y es enviada de vuelta porque ya no tiene otra alternativa. El retorno voluntario debe ser una decisión y para que sea verdaderamente voluntario tiene que existir una alternativa real.
Por eso la pregunta ya no debería ser únicamente si los venezolanos quieren regresar. La pregunta correcta es ¿qué tendría que cambiar para que los venezolanos quieran regresar?
Una evaluación de ACNUR realizada en 2026 encontró que algo más de un tercio de los venezolanos consultados en América Latina manifestó que podría considerar regresar, mientras que alrededor del nueve por ciento contemplaba hacerlo dentro de un año. Ese dato debería hacernos reflexionar porque demuestra que el deseo de regresar existe, pero también que existen condiciones que todavía generan dudas.
Una persona que lleva diez años fuera no está regresando simplemente a la casa que dejó. Está regresando a un país que cambió mientras estaba fuera, y que también cambió. Sus hijos crecieron, su profesión cambió, sus expectativas cambiaron, su familia se transformó. En algunos casos sus padres envejecieron o murieron. En otros, nacieron hijos que nunca han pisado Venezuela. Por eso hablar de retorno requiere mucho más que una campaña institucional, requiere planificación, recursos, seguridad jurídica, educación, empleo, salud, vivienda, documentación, protección y sobre todo, confianza.
Y aquí debemos ser absolutamente claros. Los venezolanos no salimos del país porque quisimos convertirnos en migrantes, muchos escapamos porque las condiciones políticas, económicas, sociales e institucionales hicieron imposible para millones continuar desarrollando una vida digna. Por eso sería profundamente injusto decirles ahora simplemente “regresen”. ¿Regresar a qué? ¿A la incertidumbre? ¿A la falta de oportunidades? ¿A un sistema educativo debilitado? ¿A un sistema de salud con enormes dificultades? ¿A un mercado laboral incapaz de absorber de inmediato a millones de personas? ¿A un país donde todavía existen profundas dudas sobre las garantías jurídicas y políticas?
No se trata de negar que Venezuela pueda reconstruirse, por el contrario, precisamente porque Venezuela necesita reconstruirse debemos comenzar a hablar seriamente de cómo se reincorpora a quienes algún día quieran regresar.
Los venezolanos que están fuera pueden convertirse en una enorme fuerza para esa reconstrucción. Somos profesionales, empresarios, trabajadores, docentes, médicos, periodistas, ingenieros, técnicos y emprendedores, personas que aprendimos nuevas formas de trabajar y de organizarnos, que conocemos otros modelos institucionales y que podemos aportar conocimientos, inversión, experiencia y nuevas ideas. Pero para que el regreso sea voluntario debemos no solo sentir sino estar seguros que regresar no significa perder nuevamente todo lo que lograron construir.
Hay una palabra que pocas veces aparece cuando hablamos de retorno y esa es trauma. Migrar puede ser traumático, pero regresar posiblemente también lo sea. Puede ser traumático regresar sin trabajo, descubrir que la casa familiar ya no existe, volver con niños que nacieron en otro país y que no conocen la realidad venezolana, regresar con adultos mayores que necesitan medicamentos y atención especializada, volver después de una década y no encontrar una red familiar que pueda sostenerte o regresar a un país donde las razones que provocaron tu salida todavía están presentes.
Por eso el retorno debe planificarse desde la persona. Los niños y jóvenes deben tener garantizado el acceso a la educación, los adultos deben encontrar oportunidades de trabajo y emprendimiento, adultos mayores deben tener acceso real a la salud. Las familias deben contar con mecanismos de vivienda, documentación y protección social y todos deben tener garantías de seguridad.
No puede existir una política de retorno que solamente contabilice cuántas personas regresaron. Hay que medir cuántas lograron quedarse, cuántas consiguieron empleo, cuántos niños pudieron incorporarse a las escuelas, cuántos adultos mayores recibieron atención y cuántas familias pudieron reconstruir su vida. Eso es reintegración. Eso es retorno sostenible.
Pero este debate tampoco puede quedar exclusivamente en manos de los gobiernos ni de las agencias internacionales. Las organizaciones de la sociedad civil venezolana que llevan años trabajando en los países de acogida tienen algo que ninguna oficina internacional puede sustituir completamente, conocen a las personas, sus necesidades, sus miedos, las razones por las cuales salieron, las dificultades que encontraron en los países de acogida y también las razones por las cuales algunos quieren regresar y otros todavía no.
Por eso las organizaciones venezolanas constituidas fuera de Venezuela tienen que formar parte de cualquier discusión seria sobre retorno.
No solamente como invitadas, sino como participantes, como fuentes de información y como organizaciones capaces de aportar experiencias.
La hoja de ruta de cooperación de la que habla ACNUR debería incorporar esa experiencia, nadie puede diseñar una política de retorno sostenible sin escuchar a quienes acompañan desde hace años a la población que migró.
También debemos decir algo a los gobiernos de los países de acogida. Los Estados tienen derecho a ordenar sus fronteras y a deportar a quienes, después del debido proceso, tengan una orden legal de expulsión. Tienen derecho a combatir el crimen organizado y a proteger a sus ciudadanos. Pero no tienen derecho a convertir una nacionalidad completa en sospechosa. Un delincuente debe responder por sus delitos., un migrante irregular debe responder por su situación administrativa, un solicitante de asilo debe tener acceso a los procedimientos correspondientes y una persona refugiada debe recibir protección. No podemos mezclarlo todo porque cuando mezclamos migración, delincuencia, seguridad y nacionalidad en una sola narrativa terminamos condenando socialmente a millones de personas por los actos de unos pocos.
Quienes hoy tienen responsabilidades de poder en Venezuela también debemos hablarles con claridad. No se puede pedir el regreso de millones de personas sin explicar cómo serán recibidas, pidan que vuelvan los profesionales sin garantizar empleo.
No se puede pedir que regresen las familias sin garantizar educación, los adultos mayores sin garantizar atención médica, que regresen quienes salieron por persecución o miedo sin garantizar que no serán perseguidos, no se puede pedir confianza sin ofrecer garantías.
El regreso debe estar acompañado de seguridad jurídica, seguridad personal y seguridad institucional. Debe existir la certeza de que quien vuelva no será perseguido por lo que dijo, por lo que pensó, por lo que escribió, por la organización en la que participó o por las posiciones políticas que sostuvo.
Si queremos que millones de venezolanos vuelvan, primero tenemos que construir un país al que ellos quieran volver. Ese es el verdadero desafío.
A veces escuchamos hablar de 7,9 millones de venezolanos fuera del país y la cifra parece tan grande que termina perdiendo su significado. Pero 7,9 millones no es solamente una cifra. Son historias y probablemente muchos millones más de historias familiares conectadas con ellos. Son madres que dejaron hijos, hijos que dejaron padres, abuelos que no vieron crecer a sus nietos, niños que aprendieron a decir “Venezuela” sin haber vivido allí, profesionales que comenzaron desde cero, trabajadores que hicieron labores que nunca imaginaron hacer, empresarios que cerraron negocios y familias que vendieron sus casas para poder sobrevivir.
Ahora algunos de ellos están pensando en regresar. Pero regresar no es simplemente tomar un avión, regresar es volver a confiar, la confianza no se decreta, la confianza se construye.
La migración venezolana atraviesa una nueva etapa. Ya no estamos únicamente hablando de salida. Estamos hablando de permanencia, integración, regularización, deportación, retorno y reintegración.
Esa nueva etapa necesita una nueva conversación una menos política y más humana, en la que los gobiernos de acogida, las autoridades venezolanas, las Naciones Unidas, ACNUR, OIM, las organizaciones internacionales y, especialmente, las organizaciones de la sociedad civil venezolana trabajen juntos.
Porque si algún día millones de venezolanos deciden regresar, ese regreso no puede convertirse en otra crisis humanitaria. No puede convertirse en otro trauma. No puede ser un regreso al mismo lugar del que huyeron sin que hayan cambiado las condiciones que provocaron la salida. Debe ser un regreso voluntario, informado, seguro, digno, con garantías jurídicas, con oportunidades, con educación para los niños, con trabajo para los adultos, con salud para los adultos mayores, con protección para las familias y con la certeza de que regresar a Venezuela no significa renunciar nuevamente a la libertad, la seguridad y la dignidad.
Los venezolanos no somos una mercancía, no somos una cifra, como tampoco una amenaza, somos personas, si queremos volver algún día, queremos hacerlo porque encontramos una Venezuela capaz de recibirnos, no porque otro país nos haya cerrado las puertas.
Queremos regresar a una Venezuela organizada, segura, democrática, con instituciones que funcionen, con oportunidades y con garantías, a una Venezuela que nos permita volver a sentir que estamos en casa.
Pero para eso hay que construir primero las condiciones. No se puede pedir a una persona que regrese a ciegas, pedir confianza sin garantías, hablar de retorno sin hablar de derechos, de reintegración sin escuchar a quienes llevan años trabajando con nuestra gente fuera del país.
El retorno venezolano, si algún día alcanza una dimensión masiva, debe ser uno de los mayores procesos de reconstrucción social del continente. Precisamente por eso no puede improvisarse, tiene que planificarse desde ahora, con todos; con los gobiernos, Naciones Unidas, con ACNUR y OIM, con los países de acogida, con las autoridades venezolanas, pero también con la sociedad civil venezolana que, desde fuera, acompaña durante años a quienes tuvieron que abandonar nuestro país.
Venezuela no recuperará solamente a sus ciudadanos, también sus conocimientos, sus experiencias, sus sueños y una generación entera que aprendió a sobrevivir lejos de casa.
Esa generación merece algo más que una invitación a regresar.
Merece razones para hacerlo.
Y esas razones todavía tenemos que construirlas.