Las Naciones Unidas siguen promoviendo la universalización de los marcos jurídicos existentes y alentando a los Estados Miembros a que amplíen esos regímenes y elaboren nuevos instrumentos internacionales para proteger a los civiles de los flagelos de las minas terrestres y los restos explosivos de guerra. Las Naciones Unidas realizan esta labor en colaboración con los Estados interesados, la sociedad civil y las organizaciones internacionales que realizan actividades relativas a las minas.
Desde la aprobación de la Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción, conocida comúnmente como Convención sobre la prohibición de minas antipersonal, abierta a la firma en 1997, 164 países han ratificado esa convención o se han adherido a ella.
