Tener una vivienda adecuada siempre ha sido una cuestión de vida o muerte. La COVID-19 ha hecho esta situación evidente, ya que una de las acciones clave necesarias para detener la propagación de esta enfermedad es que las personas se queden en casa.
Al mismo tiempo, la COVID-19 nos ha recordado que el hogar es mucho más que un techo. Un hogar debe ser seguro para permitirnos seguir trabajando, aprendiendo, con acceso a servicios básicos e infraestructura para las medidas de higiene, y con suficiente espacio para el distanciamiento físico.
También debe estar ubicado en un lugar que permita a los residentes acceder a espacios públicos verdes y abiertos, oportunidades de empleo, servicios de salud, escuelas, guarderías y otras instalaciones sociales.
Se estima que desde antes de la pandemia, 1 mil 800 millones de personas ya vivían en barrios marginales y asentamientos informales, viviendas inadecuadas o sin hogar en las ciudades de todo el mundo. Es probable que ahora experimenten problemas de salud debido a la ausencia de servicios básicos, espacio para el autoaislamiento y la exposición a múltiples peligros socioeconómicos y ambientales, incluidos disturbios y violencia, inundaciones, incendios, contaminación. Todos estos factores les hace ser mucho más vulnerables al COVID-19.
Las desigualdades estructurales han salido a la luz a través de la pandemia, lo que demuestra cómo las minorías, los pueblos indígenas y los migrantes se ven afectados de manera desproporcionada por la precariedad de la vivienda, el hacinamiento y la falta de vivienda.