Globalizate Radio.- El Defensor del Pueblo en Colombia , Carlos Negret Mosquera, indicó que las autoridades municipales y departamentales no pueden ejercer presión en los migrantes para que abandonen las ciudades durante el confinamiento por la pandemia del coronavirus.
En este contexto el Defensor del Pueblo expresa que de ser así, “las autoridades que lo hagan estarían violando el principio de no devolución que es fundamental en el Derecho Internacional”.
De propiciar estas acciones contra la población vulnerable, el funcionario explicó que dichas instituciones públicas “estarían violando el principio de no devolución que es fundamental en el Derecho Internacional”.
En las últimas semanas, las alcaldías de Medellín, Ipiales, Cali, Bucaramanga, Girardot, Chía y Bogotá han “promovido el regreso voluntario” con la activación de rutas de transporte para ayudar a los extranjeros, en especial migrantes venezolanos que desean volver a su país.
Sobre este panorama, Rigoberto Alfonso Pérez, alcalde de Sogamoso (Boyacá), habló sobre las medidas implementadas para permitir el retorno de los extranjeros. informó la autoridad que junto a migración Colombia, la Policia Nacional y otras instituciones trabajan para garantizarle a los extranjeros puedan regresar a su país de origen en condiciones mas humanas.
Estos traslados aumentan el éxodo hacia la frontera, convirtiéndolo en un territorio de alto riesgo para el contagio masivo de la COVID-19.
Al respecto, Víctor Bautista, secretario de Fronteras y Cooperación Internacional de Norte de Santander, sostuvo que hay una coordinación nacional que regula y controla estas salidas desde varias ciudades de Colombia, pero es una excepción, porque no hay una política para promocionar que los venezolanos salgan del país.
En los casos de retorno, el Defensor Carlos Negret Mosquera mencionó que estos deben ser voluntarios y, que mientras estos ciudadanos permanezcan dentro de su jurisdicción, hay que garantizarles sus derechos como cualquier otro.
Igualmente manifestó su preocupación por las aglomeraciones que se viven en los municipios limítrofes con Venezuela y para ello se efectúa una inspección constante en los corredores humanitarios que faciliten el libre tránsito solo a los casos médicos.
La Defensoría del Pueblo, como institución nacional de derechos humanos, ha realizado un monitoreo permanente de las fronteras y como resultado se ha hecho incidencia a las autoridades locales en la apertura de corredores humanitarios para quienes padecen alguna enfermedad y quienes presentan situaciones familiares críticas en las zonas de frontera de Colombia.