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Globalizateradio.- La Alta Comisionada para los Derechos Humanos destacó la liberación más de 80 detenidos en las últimas semanas en Venezuela y confió en que las autoridades sigan las recomendaciones de su informe sobre la situación de las garantías fundamentales en el país. El Gobierno venezolano objetó el documento por haber omitido la información aportada por el Estado, pero señaló que aceptará las recomendaciones constructivas que ha hecho.

Después de divulgar un informe sobre las garantías fundamentales en Venezuela, en el que se destacaba la existencia de una estrategia para “neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política”, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos citó ante la prensa en Ginebra algunas medidas tomadas recientemente por el Gobierno de ese país que parecen dan muestras de un nuevo compromiso por parte de las autoridades del país.

“La excarcelación de 62 detenidos a los pocos días de mi visita a Caracas; la liberación de otros 22, entre ellos el periodista Braulio Jatar y la jueza Lourdes Afiuni. Así como la aceptación de la presencia de dos oficiales de derechos humanos en el país, las entiendo como muestras de un nuevo compromiso de las autoridades venezolanas con la resolución de los múltiples desafíos en materia de derechos humanos que enfrenta el país”, dijo Michelle Bachelet.

El informe, que abarca de enero de 2018 a mayo de 2019, afirma que el estado de derecho y varias instituciones esenciales del país han sido erosionadas.
“El uso excesivo y letal de la fuerza se ha usado contra manifestantes, y también en operaciones de seguridad de las fuerzas especiales. La tortura es un grave problema, como trágicamente ha mostrado la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo hoy hace una semana”, agregó.

Según la investigación encargada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a la Oficina de la Alta Comisionada, los venezolanos sufren desde hace varios años una crisis económica que afecta sus derechos fundamentales a la salud y la alimentación.

“Las últimas sanciones impuestas sobre el país están exacerbando la situación, dado que la mayoría de sus ingresos derivan de la exportación de petróleo”, aclaró Bachelet.
Para terminar sus declaraciones, la alta funcionaria confió en que “las autoridades reciban las recomendaciones incluidas en el informe de la misma forma constructiva en la que fueron redactadas”.

La Alta Comisionada de Derechos Humanos,  explicó que no hay una fecha límite para cumplir con las numerosas recomendaciones hechas por su Oficina: “La idea es trabajar y cooperar con el Gobierno en el terreno y desde aquí para tratar animarlos a que cumplan con esas recomendaciones”.

También destacó que ahora nos encontramos ante una situación diferente con respecto a los dos informes anteriores de 2015 y 2017, cuando no había nadie de su Oficina en el país, ya que Venezuela ha aceptado la presencia de dos oficiales de derechos humanos cooperando con las autoridades, pero también observando y hablando con la sociedad civil.
“Por ello, creemos que le tenemos que dar un tiempo y un espacio a esta nueva realidad y construir la relación con todas las partes están directamente en el terreno. Creemos que es el momento para este proceso. Debemos priorizar esto porque hay un completo nuevo escenario y vemos esto como una oportunidad y tenemos que darle una posibilidad a esa oportunidad”, destacó.

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